¿SINDICALIZAR LA BANCA ?, ¡’SI !
Archivo para abril 2009
MAS SOBRE EL MANIFIESTO DE LAS JUVENTUDES HEDILLISTAS SINDICALISTA FE AUTENTICA JHS FSU :MIS CAMARADAS MAS JOVENES ME ENVIAN ESTO PARA PUBLICARLO Leave a comment
¿SINDICALIZAR LA BANCA ?, ¡’SI !
LA UNIVERSIDAD DE LOS AÑOS SETENTA 70 A GRANDES RASGOS Leave a comment
Con respecto a la universidad, la LGE denotaba un esfuerzo por desarrollar su autonomía, dotándola de personalidad jurídica y patrimonio propio y autorizándola a decidir sus planes y sistemas pedagógicos y de investigación; aunque en la práctica esta autonomía universitaria, entendida como ejercicio de la enseñanza e investigación en condiciones de libertad plena, no podía alcanzarse dado el sistema político vigente, la administración se entrometía continuamente y la universidad no tenía capacidad de respuesta ni de decisión debido al centralismo y al burocratismo.
Los estudiantes rechazaban la LGE porque dudaban de las posibilidades de renovar la universidad mediante leyes aprobadas sin su concurso y la criticaban normalmente por imponer la selectividad, rentabilizar desde una óptica capitalista la enseñanza superior, consolidar la desigualdad social (mediante el principio de igualdad de oportunidades) y transmitir la mentalidad tecnocrática. Los estudiantes demandaban su participación en la elección de todas las autoridades académicas, en la organización de la vida académica (planes, pruebas…), libertad de actividades culturales, autonomía plena y descentralización.
Carrero Blanco nombró Ministro de Educación y Ciencia a Julio Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Madrid durante el curso 1972-1973, quien estableció como objetivo de su política el mantenimiento del orden en la universidad. Para ello llamó de nuevo a la policía al campus de la Universidad Complutense de Madrid (cuyo rector, Muñoz Alonso, la había retirado el curso 1972-1973) y terminó de recortar la limitada autonomía de la universidad, seccionando los planteamientos más innovadores de la LGE, mediante una política intervencionista que contradecía el ejercicio de la libertad de enseñanza.
Durante este periodo el control sobre el asociacionismo estudiantil se canalizó a través de los Gabinetes de Estudios y Asistencia Universitaria, cuyo propósito no era tanto dar cauce a la participación estudiantil como reprimir e inspeccionar las actividades de los estudiantes, mediante la creación de un servicio de información de actividades ilegales a través de ‘personas de confianza’ ajenas a las autoridades de cada facultad.
La participación de los estudiantes en la gestión de los órganos de gobierno universitarios fue totalmente anulada, eliminada la representación de universitarios en las juntas de gobierno de las facultades. Medida que fue fuertemente contestada por el movimiento estudiantil y rechazado así mismo por amplios sectores del profesorado de todas las universidades españolas.
Los críticos a la política ministerial forzaron la situación de tal modo que en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la UCM del 29 de noviembre, se puso de manifiesto la necesidad de cerrar la universidad en fecha inmediata, con lo que el rector anunció su dimisión. En 1974, Arias Navarro nombró Ministro de Educación y Ciencia a Martínez Esteruelas, proyectando llevar a la universidad la política aperturista del gobierno, dentro de unos estrechos márgenes de orden y seguridad.
Las directrices de la política universitaria serían fundamentalmente selectividad y participación. Se comenzaron a estudiar los cambios necesarios en la LGE para establecer una auténtica selectividad para el ingreso en la universidad, ya que hasta el momento la LGE establecía que podrían acceder a la universidad aquellos que superasen COU y las pruebas de acceso eran potestativas de las universidades. Este proyecto de selectividad se defendía basándose en la afirmación de que la selección del alumnado era necesaria para la calidad de la enseñanza y estimularía los niveles educativos anteriores; perseguía, además, revalorizar la formación profesional ya que las escuelas universitarias y la formación profesional quedaban como opciones para los que no superasen las pruebas.
Dada la fuerte selectividad social (la presencia de hijos de obreros en la universidad en ningún caso llegaba al 5%), difícilmente eran aceptables los argumentos del ministerio en defensa de la selectividad. Esta aún discriminaría más a los económicamente débiles debido al aprendizaje ambiental; factores como el colegio de procedencia, la posibilidad de viajar o los medios culturales de los que había dispuesto el estudiante, marcaban una clara diferencia.
Por otro lado, la masificación no existía en cuanto al número de estudiantes sino en cuanto a su relación con los presupuestos; pero en lugar de elegir la vía de las inversiones económicas, se eligió la de la contención de estudiantes por medio de la selectividad y el aumento de las tasas, lo que se convirtió en un mecanismo de selección social, ya que las becas dejaban mucho que desear.
Finalmente la ley, que entró en vigor para el curso 1975-76, fue aprobada en las Cortes en julio de 1974. Pero las facultades de Medicina y Ciencias de la Información convocaron pruebas de valoración para el curso 1974-75. En la Facultad de Medicina fueron convocados cerca de 3.600 estudiantes de los cuales quedaron eliminados 2.000; con lo que el Colegio de Médicos se manifestó contra las pruebas considerándolas un modo de disimular la penuria del personal docente y el deficiente aprovechamiento de los recursos.
En el año 1975, el resultado de las primeras pruebas de selectividad efectuadas arrojó un porcentaje de 83% de aprobados, pero superar las pruebas no bastaba para ingresar en el centro deseado por el alumno ya que la LGE hacía depender la elección del número de plazas disponibles. Los representantes estudiantiles seguían afirmando que la degradación de la enseñanza no se solucionaba con medidas selectivas.
El ministerio de Martínez Esteruelas puso de relieve su voluntad de asentar la participación de los estudiantes, que podrían opinar en cuanto a la elección de cargos académicos, la elaboración de planes de estudios y los estatutos universitarios…, tratando de fomentar la representación estudiantil pero al margen de las asociaciones; a las que, por otro lado, también se concedían facilidades. Del mismo modo, desde el primer día de su ministerio Esteruelas dejó claro que las acciones que pretendieran crear desorden y utilizar la universidad como instrumento de ataque al Estado serían firmemente atajadas. Ante el objetivo fundamental de garantizar el orden en la Universidad quedaba claro que las medidas disciplinarias (para profesores y alumnos) y la intervención de la fuerza pública serían consecuencia inmediata frente toda acción contra el Estado. La policía armada y la Brigada Político – Social recibieron la orden de retirar carteles, disolver asambleas, etc., en cuanto tuviesen conocimiento de ellas.
Con motivo de las elecciones estudiantiles se permitió la celebración de reuniones y asambleas y las Fuerzas de Orden Público recibieron la orden de no retirar carteles y de intervenir únicamente en caso de grave alteración del orden. Pero una vez terminado el proceso electoral las FOP volvieron a actuar asidua y contundentemente y ya el día 31 de enero fueron desalojadas violentamente las facultades de Derecho y Filosofía y Letras, a las que siguió el cierre de las Universidades de Valladolid, Sevilla y Málaga y el recrudecimiento de la represión mediante detenciones y multas; hechos que provocaron una gigantesca respuesta estudiantil.
Tres leyes de esta época causaron especial conmoción: el decreto – ley de garantías del funcionamiento institucional, que creaba una comisión especial para aplicar las sanciones (denegación de matrícula o inhabilitación para examinarse) por actos que quebrantasen el orden académico; el decreto – ley antiterrorista del 27 Agosto 1975, que debía aplicarse en la universidad y afectaba a grupos comunistas y anarquistas; la Ley de Relaciones Laborales sobre contratos en prácticas, que ocasionó incidentes desde el primer trimestre ya que en realidad significaba una puerta abierta a la prestación de un trabajo cualificado barato y sin estabilidad.
Confirmado Arias como presidente del primer gobierno de la monarquía, dio entrada en el gobierno a destacados reformistas, colocando en Educación y Ciencia a Carlos Robles Piquer, que diseño la política universitaria como un fiel reflejo de la política reformista del gobierno.
La Universidad debía participar en el proceso democratizador del país de forma muy señalada, y para ello se debía canalizar una verdadera participación estudiantil que fuera compatible con el principio del orden, concediendo libertad de actividades culturales y asambleas, levantamiento de sanciones de acuerdo con el indulto concedido por el gobierno (que se aplicó únicamente a los alumnos, no al profesorado) y crear un clima de educación para la convivencia democrática, conciliando masificación y calidad (pero esta idea no se materializó en una revisión de la Ley de Selectividad ni en una aportación significativa de nuevos medios). En esta línea fue retirada la policía del campus y en las facultades fueron habilitados lugares para la colocación de carteles.
La recomendación de que las FOP se retirasen de los edificios universitarios se hizo apelando a la responsabilidad de los universitarios y aumentando las competencias de las autoridades académicas en el mantenimiento del orden; pero finalmente, ante la proliferación de actos y asambleas que convirtieron a las universidades en auténticas tribunas de actividad política (intervenían dirigentes políticos y sindicales, familiares de militantes procesados…) y después de las ocupaciones de edificios universitarios que siguieron a los sucesos de Vitoria, el ministerio dejó de autorizar actos no culturales o científicos y retornó a la presencia activa de la policía en la universidad.
Los proyectos destinados a promocionar la participación estudiantil universitaria estaban condenados al fracaso, el orden no podía imperar bajo un sistema político que no era aceptado por los estudiantes. Así las elecciones convocadas para el 3 de diciembre (aplazadas por la muerte de Franco para el día 12) manifestaron un absentismo generalizado en la presentación de candidatos y el 90% de los puestos de representantes en la UCM quedaron vacantes. Esto impulsó al ministerio a replantearse la participación estudiantil desde otro ángulo, sustituyendo los cauces individuales por otra fórmula en la que eran las asociaciones las que presentaban a los candidatos.
RESPUESTA ESTUDIANTIL
"Siset, que no veus l’estaca
on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en
mai no podrem caminar!
Si estirem tots, ella caurà
I molt de temps no pot durar,
Segur que tomba, tomba, tomba,
Ben corcada deu ser ja
Si jo l’estiro fort per aquí
i tu l’estires fort per allà
Segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar"
Lluís LLach
En la evolución del movimiento estudiantil durante la época final del franquismo, se pueden observar importantes variaciones estratégicas y cambios tácticos que lo que hacen es manifestar la coexistencia de dos tipos de lucha básicos y confrontados: la estrategia de las organizaciones políticas ilegales (que constituyen la base del movimiento y aportan la mayoría de los dirigentes estudiantiles), y la de los delegados legales.
Entre las organizaciones de ‘derechas’, la derecha democrática (que apuesta por un cambio político hacia un sistema democrático pero manteniendo el orden económico y social vigente), tenía poca representatividad en la Universidad. Estas organizaciones no desarrollarán una relativa actividad hasta después de la muerte de Franco e incluso entonces se limitarán únicamente a la difusión de sus propuestas mediante propaganda.
La ultraderecha (Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Joven, AUN, etc.) perseguía la erradicación de la subversión universitaria y el mantenimiento del orden, recurriendo si era necesario al uso de la violencia, por ello acusa al gobierno de ser demasiado permisivo con la izquierda. Los integrantes de Acción Universitaria Nacional eran en su mayoría ‘guerrilleros’ que concebían la universidad como convertida en un campo de batalla debido a la táctica del marxismo, por ello su actividad se centraba en ataques al marxismo y a los militantes de izquierdas. Con el comienzo de la apertura durante el curso 1973-74 la actividad de AUN declina ya que empiezan a faltarle apoyos y se sufren las primeras escisiones como la formación del Bloque Nacional de Estudiantes, más moderado.
El neofalangismo radical, la corriente de la derecha más activa en la universidad, mantenía posiciones críticas con el franquismo por su exclusiva preocupación por lo material y desprecio de los valores espirituales y propugnaba una vuelta a las esencias falangistas. Con motivo del cuadragésimo aniversario de la fundación de Falange Española, el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES) proclama que la universidad ha de ser el lugar donde se lleve a cabo la ‘revolución incruenta’ que sacará a España (adormecida por el consumismo) de la mediocridad burguesa, ya que los ideales de Falange llevan siendo traicionados desde 1937.
En octubre del 1973 Falange y su ideología fueron atacados en un cartel que el comité de curso de 3º de Historia expuso en el pabellón B de la Facultad de Filosofía y Letras, este hecho provocó un enfrentamiento en el que un estudiante resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico. El 20 de noviembre, los carteles que fueron expuestos en Filosofía y Letras, Económicas, Medicina y Derecho, invitando a asistir a una misa en memoria de José Antonio que "al margen del aparato oficial organizamos los falangistas independientes", tuvieron que ser retirados para evitar que fueran arrancados por militantes de izquierdas tras producirse nuevos altercados.
El Frente Sindicalista Revolucionario (FSR), rama escindida del FES, desarrollaba su actuación casi exclusivamente en la universidad, basándose en una dura crítica a la LGE. Interpretaba que mientras los estudiantes planteaban la lucha en contra de la LGE, el gobierno intentaba aplicarla utilizando la fuerza y la represión, por ello durante esta etapa el FSR exigió la retirada de las FOP de la Universidad y condenó la represión; unido a ello manifestó su solidaridad con los obreros del proceso 1.001. Defendía la necesidad manifiesta de organizarse desde la base, con medidas adoptadas en asambleas y reuniones de curso, sin atender a las consignas burocráticas de los partidos políticos.
Entre las organizaciones de izquierda, algunos rasgos como la crítica radical en materia social, cultural y religiosa, y su apuesta por un sistema socioeconómico anticapitalista y anticlasista y una universidad al servicio del pueblo son comunes. Estas ideas están representadas por tendencias de muy distinto signo político, pero la mayoría de las organizaciones políticamente activas en la Universidad eran de ideología marxista, con neto predominio de los comunistas.
Las Juventudes Socialistas (JJSS), rama juvenil del PSOE encauzaron su actividad hacia la denuncia de la LGE y la exigencia de libertad para los presos políticos. Durante el curso 1973-74 su influencia en el movimiento estudiantil era escasa, respondiendo al proceso de crisis en el que se encontraba inmerso el PSOE con una pugna entre la dirección exterior y los militantes del interior por la dirección del partido, que no terminaría hasta el XIII Congreso celebrado en 1974 en Suresnes; a partir de esta fecha se sentirá su influencia en la universidad en mayor grado.
El Partido Comunista de España (PCE) se impuso la tarea de impulsar los movimientos de masas, especialmente en torno al sumario 1.001, y aglutinar todas las fuerzas de la oposición en torno a un acuerdo, un pacto por la democracia. El PCE había sido tradicionalmente la fuerza hegemónica del Movimiento Estudiantil, pero esta situación varió con la fuerte presencia en la Universidad de organizaciones que le superaban por la izquierda enfrentándose a su política reformista y ‘revisionista’, lo que provocó que el movimiento se radicalizara y desapareciera la coordinación en las movilizaciones. Durante el curso 1973-1974, el PCE intentó recuperar la hegemonía perdida a través de la coordinación del movimiento estudiantil por medio de la RGU, proponiendo un programa de consenso por la libertad, oposición a la política ministerial y convergencia democrática (que se resumía en amnistía, libertades democráticas, gobierno provisional de amplia base y elecciones libres a cortes).
La Organización Comunista de España (Bandera Roja) [OEC (BR)] también dirigió sus esfuerzos a la lucha contra el proceso 1.001 (juicio de las clases dominantes contra los trabajadores), a la par que contra la congelación de salarios; ya que consideraba que ambas estrategias respondían a la política del gobierno en contra del movimiento obrero y el pueblo. El juicio del proceso 1.001 se celebró en un momento en que la Universidad se encontraba cerrada, con lo que se quería evitar la movilización de los estudiantes, pero a pesar de ello el 20 de diciembre se convirtió en jornada de lucha por la libertad y la amnistía y contra la represión, que continuó a lo largo del mes de enero, durante el cual los estudiantes se movilizaron contra la ejecución de Puig Antic.
La Joven Guardia Roja (JGR) que mostró poco movimiento durante los cursos anteriores a 1973, se convirtió a partir de entonces en uno de los grupos más activos y combativos, llamando a los universitarios para que se movilizasen en defensa de la víctimas del fascismo y hacer de cada día en que se celebrase un juicio, día de lucha contra la represión. Este grupo perseguía la Huelga General Política, siendo por ejemplo la del 23 de enero de 1975 un éxito en la Complutense y la Autónoma. La JGR era la organización juvenil del Partido Comunista de España (internacional) que posteriormente pasó a denominarse Partido del Trabajo de España, para evitar su confusión con el PCE.
Los grupos anarquistas (‘Anarquía’, ‘Estudiantes Libertarios’, ‘Grupo de Estudiantes Libertarios’, ‘CNT’, etc.) tenían en general como objetivo principal la agitación del orden establecido, a través de la lucha contra la violencia institucional en todas sus manifestaciones. No estaban de acuerdo con el sistema de delegados, ya que lo consideraban una mera copia de la democracia orgánica. Tampoco apoyaban el diálogo con las autoridades ni la adaptación a las instituciones capitalistas y estatales, proceso que intentaba desarrollar el PCE.
Entre 1974-1976 dos organismos unitarios de oposición influyeron decisivamente en la Universidad: La Junta Democrática de España, que agrupaba a las organizaciones que propugnan la ruptura democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que defendía la ruptura pactada. La coordinación de los dos organismos en Coordinación Democrática y la adopción de una estrategia negociadora contribuyó al fin del movimiento estudiantil antifranquista. La razón esencial del declive del moviento estudiantil estribó en la necesidad de cuadros políticos de las organizaciones de la oposición democrática ante la inminencia de las primeras elecciones, que se celebraron en junio de 1975. Los universitarios politizados fueron una cantera de activistas para las múltiples actividades vinculadas a las campañas de los partidos, con ello el movimiento estudiantil quedó descapitalizado de sus miembros más activos.
Estrategia estrictamente clandestina era la de los comités de curso, organizaciones integradas por militantes de izquierdas, que nacieron como respuesta a la desarticulación del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios cuya lucha a la luz pública había posibilitado la represión sobre dirigentes conocidos del movimiento estudiantil. Los comités de curso, como medida de autodefensa, pretendieron dotar al movimiento de una organización clandestina, estable y unitaria frente a la multiplicidad de partidos y luchadores independientes, su principal objetivo era coordinar las acciones que cada partido emprendía por su cuenta y programar la lucha en torno a problemas concretos, pero esto en general, no llegaba a cumplirse. Las reuniones y seminarios que celebraban se convertían con frecuencia en largas discusiones de tipo ideológico y sólo con gran dificultad llegaban a adoptarse algunos acuerdos de tipo práctico. Además en los comités de curso se imponían las tendencias de las corrientes políticas con mayor presencia, con lo que, para darles un carácter más representativo, las propuestas se llevaron a asambleas donde se trataban tanto temas políticos como académicos relativos a la selectividad, el precio de los comedores etc. La elección de delegados de curso significó el inicio del declive de la influencia de los comités de curso.
La clandestinidad aisló de las masas estudiantiles a los líderes universitarios, radicalizando a su vez la lucha y arrebatando, como ya hemos dicho, la dirección del movimiento al PCE, que abandonó rápidamente los comités de curso apostando por el contrario por el aprovechamiento de los cauces de lucha legales, con lo que fue de los que con más fuerza propugnó la elección de delegados y planteó la necesidad de formas de lucha que exigieran menor compromiso que la militancia en los partidos y comités de curso: los representantes estudiantiles eran el primer paso, unos delegados elaboraron programas mínimos, asumibles por la mayoría de los estudiantes que sirvieron para unificar criterios y luchas.
Las dificultades de coordinación del movimiento estudiantil clandestino intentó superarse mediante la estrategia de la Reunión General de Universidades (RGU) que se celebró por primera vez en 1971 y a la que acudían representantes de la coordinadora de comités de curso. A partir de 1974 delegados y RGU se convirtieron en dos estrategias, legal e ilegal, complementarias.
A lo largo del año 1974 la acción más destacada de la ultraderecha tuvo lugar cuando, en el mes de abril, Guerrilleros de Cristo Rey armados entraron en el edificio B de la Facultad de Filosofía y Letras y arrancaron los carteles de la JGR, provocando conatos de agresión y una concentración de protesta en el vestíbulo.
Con los aires de apertura que tomó la política del gobierno y que afectó en gran medida a la universidad durante el ministerio de Martínez Esteruelas, se asistió a una revitalización de la RGU, mientras por el contrario, los comités de curso decayeron. La intención del ministro de facilitar la participación de los estudiantes a través de representantes fortaleció la posición del PCE, que ya había comenzado a plantear la elección de delegados, método mediante el que perseguía el mantenimiento de una lucha continuada que abandonase las movilizaciones defensivas, pasando a una ofensiva en defensa de un programa. Las movilizaciones más importantes de esta época se desarrollaron contra la selectividad y la LGE, con motivo del 1 de mayo y en contra de la ejecución de Puig Antic, ocasiones en las que se convocaron manifestaciones, se desalojaron aulas y se procedió al boicot de las clases.
Esta es la línea en que se centra la actuación de organizaciones como OEC (BR) y JGR. Esta última por medio de la compatibilización del uso tanto de vías legales como ilegales, entró en este año en una fase de crecimiento numérico; su participación en las elecciones de delegados le dio excelentes resultados en la RGU, la Reunión Nacional de Delegados Universitarios, y demás órganos de carácter representativo. El hecho de que la utilización de medios legales no le impidiera continuar en organizaciones clandestinas como los comités de curso, hizo que desempeñara el papel intermedio entre el PCE y otras organizaciones de izquierda que no aceptaban ningún pacto de tipo legalista.
En resumen, durante el año 1974, la lucha contra la represión se concentró en la campaña contra la ejecución de Puig Antich y, con el lema "ningún expediente sin respuesta", contra las detenciones a estudiantes. Hacia esto apuntaba el sentido de la manifestación convocada por el FRAP el 1 de mayo que terminó en una batalla campal; 1 policía resultó muerto, alrededor de 20 heridos y unos 300 militantes detenidos; pero en los meses siguientes prosiguieron las detenciones de centenares de militantes y casi todos los comités regionales.
La estrategia de los delegados ilegales se consolidó durante esta etapa, y en febrero de 1974 ya se llevó a cabo la elección de delegados en casi todos los centros universitarios. Incluso en la Facultad de Derecho llegaron a ser reconocidos por el decano que permitió su asistencia a la Junta de Facultad, donde se llegó a aprobar por unanimidad una propuesta realizada por los representantes de los estudiantes y los PNN en conjunto, que comprendía temas como la exigencia del funcionamiento estable de la misma Junta, la creación de una comisión para la reelaboración de los planes de estudios, la participación de los alumnos en los departamentos, la petición formal al Ministerio de la retirada de las FOP de la Universidad (a lo que el Ministerio respondió que la retirada de las mismas tenía como condición la desaparición de los motivos que provocaban su entrada) y la reconsideración de las sanciones aplicadas a varios alumnos.
En otras facultades los representantes no fueron reconocidos por los decanos, de modo que la participación en los órganos de gobierno constituía una de las reivindicaciones más intensas de los estudiantes y resultó ser causa de múltiples altercados, especialmente en Filosofía y Letras.
El programa presentado por la Junta de Estudiantes Delegados de la Universidad de Madrid, tenía mucho en común con el habían elaborado los delegados de Derecho: retirada de la policía de la universidad, participación de los tres estamentos universitarios (profesores numerarios, profesores no numerarios y estudiantes) en las Juntas de Facultad y Escuela y en la elaboración de nuevos planes de estudio, libertad de asambleas, libertad para los estudiantes detenidos y retirada del proyecto-ley de selectividad. El 15 de marzo había de desarrollarse una entrevista con el ministro durante la cual iba a serle entregado este programa; para este día se convocó una concentración de apoyo a los representantes que emplazó ante el Ministerio de Educación y Ciencia a unos 2.500 estudiantes.
A la altura de 1974 la RGU que agrupaba a delegados y representantes de organizaciones políticas se presentaba como la estratégica más idónea para coordinar en torno a un programa a un gran número de estudiantes y organizaciones. El movimiento estudiantil que había carecido largo tiempo de unidad, durante el curso 1973-74, había logrado adquirir cierta cohesión en torno a este programa logrando la participación de algunos delegados en varias juntas y claustros y el aplazamiento de la aplicación de la ley de selectividad. En este sentido la RGU convocó una semana de debate que culminaría en una Huelga General de la Enseñanza el 9 de mayo que constituyó una de las mayores movilizaciones del curso y punto de unión de tendencias muy dispares.
CAUSAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
"De matinada han truncat la llei una hora assenyala
Ara l’estudiant és mort, és mort d’un truc a trenc d’alba
Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?"
Maria del Mar Bonet
A finales del franquismo nos encontramos con un sistema universitario que, además de estar sometido a un régimen represivo, adolecía de defectos que hacían de ella una Universidad anticuada. En primer lugar, no proporcionaba formación científica práctica, y mucho menos fomentaba la creatividad investigadora, sino que se limitaba a la impartición de clases eminentemente teóricas, expositivas, que luego se evaluaban a través de exámenes memorísticos, con la consiguiente degradación de la Universidad a poco más que un trámite para la obtención de un título. Los profesores que seguían métodos de enseñanza de tipo autoritario eran mayoría, y carecían de formación pedagógica que favoreciese el contacto profesor-alumno, que se reducía a mínimos. Además de esto, el profesorado era escaso, y la masificación (en relación con el número de profesores, los presupuestos y las becas, ya que en comparación con el número de estudiantes de otros países europeos el de los españoles no era muy alto) se agravaba cada año.
El movimiento estudiantil se rebelaba contra esto con la intención última de democratizar la Universidad, ampliar la competencia de los órganos estudiantiles y dotar de una mayor autonomía a la institución. A través de esto pretendían conseguir no sólo la participación del alumnado en la elaboración de los planes de estudios (que se modificaban continuamente sin su participación), sino también mayor igualdad de oportunidades para el acceso a la Universidad (mediante un nuevo sistema de becas).
Existían dos estrategias básicas por parte de los estudiantes en respuesta a su ausencia de los órganos de decisión de la institución universitaria: por un lado el PCE, el PTE y la ORT que veían las elecciones a delegados un vehículo para la organización estudiantil; por otro lado ,los trotskistas y anarquistas que optaban preferentemente por el sistema de comités de curso y se mantenían al margen de un proceso electoral que acusaban de reformista. Desde finales de 1956 en que desapareció el Sindicato de Estudiantes Universitarios, los estudiantes carecían de un mecanismo de interlocución valido, hasta los años 1970 se produjeron varios intentos de crear nuevos sindicatos, como el ya citado SDEU que acabó siendo desarticulado por la policía y al que sucedieron los comités de curso elegidos en asamblea pero sin reconocimiento formal.
Entre los delegados de curso elegidos oficialmente se llevaba a cabo una segunda elección de la que se obtenían los delegados de facultad. Dos de estos representantes eran los autorizados para acudir a las juntas de facultad, donde tenían voz pero no voto. Esto ultimo provocó que la lucha por la obtención de una verdadera representación estudiantil no se diera por concluida